"conflictividad social en relación al acceso a la tierra y a la vivienda en la ciudad de Puerto Madryn" (Año 2011)
DPM- CPtSCh
Ley Provincial X N° 10
Colegio Provincial de Trabajadores Sociales de la Provincia del Chubut. Delegación Pto. Madryn
Pronunciamiento:
Como respuesta a la creciente conflictividad social en relación al acceso a la tierra y a la vivienda en la ciudad de Pto. Madryn; ante las distintas expresiones públicas de instituciones y funcionarios; el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales, delegación Pto. Madryn, decide manifestar su preocupación y alarma por la dificultades de los organismos Estatales, para abordar en el marco de sus políticas publicas, la resolución de las problemáticas planteadas.
Observamos, desde nuestro quehacer profesional, que con cierta periodicidad emergen conflictos por la ocupación de tierras en nuestra ciudad. Ante el conflicto, surgen generalmente soluciones que funcionan como “parches” y hasta el momento no han implicado acciones claras, en el marco de un planteo de políticas sociales reales, entendidas en términos de acceso a un Derecho Humano básico como es el derecho a una vivienda digna.
Consideramos que la ocupación de tierra fiscal y privada y el crecimiento constante de los asentamientos en nuestra ciudad representa una crisis estructural y no solamente coyuntural y es consecuencia de un vacío de políticas públicas respecto al acceso a la tierra y a la vivienda. Esta falta de planificación del Estado no selecciona nacionalidad, ni clase social, todos padecemos el problema, se precariza el tejido urbano para todos por igual.
Observamos que más de 700 familias residentes en nuestra ciudad que viven en los asentamientos, lo hacen en situación de alto riesgo socio ambiental, sin acceso a servicios básicos, y con necesidades básicas insatisfechas, pero sobre todo con la inestabilidad y la sensación permanente encontrarse en una situación de precariedad absoluta, en cuanto a la definición de su arraigo.
Compartimos la perspectiva planteada por el INADI respecto a que la coacción penal constituye un instrumento inadecuado para abordar esta problemática y que sostener la acción Judicial como único camino de solución es empobrecer la política y permitir que los organismos pertinentes del Estado no aborden el dilema con todos sus recursos y con la responsabilidad inalienable que les compete.
Coincidimos, continuando con el aporte del INADI, que “La ocupación irregular debe ser pensada no desde el código penal y si desde la Constitución Nacional, en cuanto se encuentra vinculada con derechos fundamentales sistemáticamente violados por parte del estado, fundamentalmente el derecho a la tierra y a la vivienda adecuada”
El Estado debe entender el acceso a la vivienda, como un problema acuciante y sentido por una amplia masa de población, comprendiendo además, la función simbólica de la vivienda, que como “hogar”, constituye el espacio básico de la reproducción de la vida. Para las familias, la vivienda representa no solo el espacio de desarrollo de su vida personal si no también la pertenencia a una comunidad. La posibilidad de acceder a la tierra y a la vivienda favorece el proceso de inclusión social y de ciudadanía a partir “de legitimar y legalizar la ocupación de un espacio en el ejido urbano.”[1]
En general observamos como Colegio que existen variables de orden contextual, de carácter político- económicas, que en su interjuego operan como generadoras de vulneración de derechos, tales como: búsqueda de mejores oportunidades laborales que motivan la migración hacia esta ciudad; limitadas ofertas de viviendas en alquiler, a bajos costos; ausencia de políticas alternativas que brinden contención habitacional a esta franja de población, la que no reúne las condiciones para la adjudicación de un lote social, y requiere de otro tipo de apoyo social para resolver su necesidad habitacional.
Como colectivo profesional consideramos que seguramente en las motivaciones para la ocupación de la tierra, existen diferentes grados de necesidad que han operado como condicionantes del accionar de cada familia: algunas “confiando de buena fe”, sin conciencia de que podrían ser demandas judicialmente por la ocupación, otras familias ante la carencia de medios y de alternativas, para resolver una necesidad acuciante, y otras tal vez, con una perspectiva de oportunidad ante la situación que se les planteaba.
Se considera que la falta de opciones dentro de las posibilidades que estas familias pueden procurarse y la no diversificación de las políticas habitacionales, que evitarían la vulneración del derecho a la vivienda, actúan ambas en conjunto. Es decir, está presente, en la acción de cada grupo familiar, la responsabilidad individual, pero también es indelegable e insustituible la responsabilidad y presencia del Estado para facilitar el acceso al derecho a la vivienda, consagrado en nuestra Constitución.
La política publica en relación a la vivienda, debería estar vinculada a otras políticas como son las de desarrollo económico e industrial, la migratoria, la de infraestructura básica, etc. Es imprescindible que el estado y los grupos económicos que propician el desarrollo de la ciudad tengan en cuenta que es necesario debatir y plantear opciones para que dicho crecimiento demográfico no genere un desborde de la infraestructura básica de la comunidad.
En la actualidad, la llegada de numerosas familias que vienen en busca de una vida mejor, y que contribuyen con su fuerza de trabajo al crecimiento de la ciudad, quedan excluidas de la asistencia del Estado, por ende ven mermadas sus posibilidades de acceder a la tierra y a la vivienda, dado que los beneficios Municipales exigen, por su reglamentación, tiempos de residencia en la ciudad, los que no siendo cumplidos se convierten en instrumentos de discriminación o marginación para el acceso a dichas ayudas. Se trata de una población que no pudiendo sostener el costo de un alquiler, no tiene donde “esperar” los años exigidos para acceder a alguna ayuda, por una parte, y por otra, tampoco encuadra su situación en el resto de los requisitos para acceder al beneficio.
Sostenemos que es importante diseñar una política local para abordar la problemática que aparte de reconocer “requisitos” deje lugar al criterio orientado en el derecho constitucional básico de acceso a una vivienda digna. Como ciudadanos deberíamos discutir las problemáticas que poseemos hoy como ciudad. Que existan asentamientos no describe la “actitud criminal” de algunos, sino que es síntoma de una cuestión social mas profunda que hoy tiene Pto. Madryn y es la falta de políticas públicas que aborden adecuadamente y con participación de los distintos sectores sociales y los involucrados, la problemática del acceso a la tierra y a la vivienda.
CPTSPCh.
Delegada Pto. Madryn
Lic. Eugenia Plano
Lic. Norma Domínguez; Lic. Maria Cecilia Alonso; Lic. Walter Jorge Vazquez; Lic. Natalia Mercado; Lic. Virginia Álvarez; Lic. Mariel Aranda; Lic. Gabriela Reinoso; Lic. Roberta Bahia; Lic. Juan Pablo Minor, Lic. Silvana Usin, entre otros.
[1] Boletín de CARITAS Argentina. Documento vivienda social.
No hay comentarios:
Publicar un comentario